Sobre la privatización del servicio de agua

 

La administración de los servicios públicos tienen mala prensa. Es que, como normalmente son prestados en forma exclusiva por el gobierno, se les achaca los males que acarrea el monopolio.

 

Cuando el requerimiento total del mercado de un bien o servicio determinado puede ser satisfecho por un solo competidor y a un costo menor que el de cualquiera otro, la libre competencia resulta imposible. En ausencia de competencia, el productor único se ve liberado de la regla que le impone perseguir la igualdad del costo marginal con el beneficio marginal para maximizar su utilidad total. Esa situación le da la posibilidad de adoptar las conductas características del monopolio.

 

La falta de competencia en un mercado atenta contra la buena conservación y mejora de las técnicas y métodos de producción, porque desaparece el estimulo a la innovación y esto es otra de las razones que justifica la apreciación de que el monopolio es malo porque provoca la ineficiencia del sistema.       

 

Ahora bien ¿a quién se le ocurrió que el monopolio era un sistema de asignación de bienes y servicios?.

 

Una cosa es decir que un determinado bien o servicio  es distribuido por el mecanismo del mercado  o por el gobierno y otra muy distinta que en el sistema de economía de mercado las manzanas son distribuidas en condiciones de libre competencia y el servicio de agua corriente en condiciones monopólicas. El monopolio es un tipo de competencia, es la falta de libre competencia.

 

Existe una gran diferencia entre la distribución del servicio público de aguas por el gobierno y la misma tarea hecha por una empresa privada. Definitivamente ninguna empresa privada debería ser autorizada por el gobierno para efectuar esa actividad.   Sin embargo, muchos gobiernos de Latinoamérica (El Salvador, México, Argentina, etc.), desoyendo las enseñanzas de la buena economía insisten en privatizar el suministro de agua a la población, fundado en el absurdo pretexto de la “mejora de la eficiencia”.

 

La realidad es otra: la privatización del suministro de agua –un servicio público- no es otra cosa que la evidencia  de la corrupción que impregna esos gobiernos.