Los mercados privados no son eficientes en la producción de bienes y servicios públicos. Su actividad se traduce normalmente en la producción de una cantidad muy baja o ninguna del bien o servicio que demanda la sociedad.
Esto advierte que la asignación de este tipo de bienes y servicios no tiene que ser dejada a los mercados sino que debe ser efectuada por el gobierno.
¿Se aplica esta regla general al servicio publico de educación universitaria gratuita? Obvio que si.
Resulta evidente que la universidad pública gratuita proporciona beneficios a más de una persona al mismo tiempo y que el uso de sus facilidades no se encuentra restringido a las personas que puedan contribuir a su funcionamiento mediante el pago de aranceles o matriculas. Por el contrario las personas que aprovechan directamente el servicio de educación publica universitaria nada pagan por él al gobierno.
¿No resulta es válido entonces pensar que la “mano invisible” llevara finalmente a un equilibrio competitivo equitativo entre la oferta y la demanda educativa universitaria?. Definitivamente no. Una cosa es la asignación de servicios privados que hace el mercado y otra distinta la distribución de servicios públicos que efectúa el gobierno.
Si estamos de acuerdo en que el servicio de educación universitaria gratuito debe ser provisto por el gobierno porque el mercado no es bueno para hacerlo debemos también convenir que tal prestación debe ser la apropiada.
¿Pero que es tal prestación? Aquella que tenga en mira lograr un equilibrio competitivo de los recursos que coincida con el optimo social (y que es un Pareto optimo).
Dicho de otra forma, la prestación del gobierno no debe ser tan grande como para arrastrar a toda la economía a un Pareto óptimo volcado totalmente a un servicio de educación universitaria prestado por el sector publico a titulo gratuito ni tan exigua como para que el Pareto óptimo sea una combinación en donde tal tipo de educación sea totalmente suministrada por la actividad privada –no como servicio publico- en forma onerosa.
La idea es que el gobierno intervenga en la economía para mejorar la equidad en tanto esa intervención no importe una perdida de la eficiencia del sistema.
En otros términos el gobierno debe impulsar el logro de un optimo social (una situación Pareto eficiente) que asegure una apropiada asignación de los recursos al servicio de educación universitaria gratuito que posibilita la igualdad de oportunidades y no obste a que el sector privado, en un mercado competitivo, encuentre su propio camino en la misma dirección.
Resolver la aparente contradicción entre equidad y eficiencia no es fácil pero tampoco imposible. Efectivamente, al menos en teoría, una economía puede hacerse más “equitativa" por la redistribución apropiada de recursos sin sacrificar la eficiencia porque el último resultado, el "óptimo social", es un Pareto-óptimo.